Londres pretende "carbonizar" la soberanía nacional

El estudio del DFID es una de las más elaboradas propuestas hechas hasta ahora para la implementación de un sistema internacional de limitación y control coercitivo de emisiones de carbono de cada país, que, en la práctica, establecería un "padrón-carbono" (denominado "productividad de carbono) para determinar el desarrollo socioeconómico y el progreso de la humanidad y, mínimo, funcionar como una de las piedras angulares de las relaciones internacionales del siglo XXI.

El documento establece la "productividad de carbono" como el índice clave para la economía mundial en las décadas venideras, definiéndolo como la cantidad de gases de efecto invernadero necesaria para producir una unidad del Producto Interno Bruto (PIB). Semejante índice deberá cuadruplicarse hacia el año 2030, para que se pueda lograr así una estabilización de las emisiones de carbono. Para entonces, el estudio proyecta un aumento del 20% de la población mundial y admite que:

"La desigualdad aumentará inevitablemente, puesto que casi todo el crecimiento poblacional ocurrirá en los países en desarrollo, con los países menos desarrollados experimentando el aumento más rápido;

"El aprovisionamiento de recursos-clave será limitado -con demandas insatisfechas de tierra, agua, alimentos y el derecho de emitir gases de efecto invernadero".

Nótese que el "derecho de emitir gases de efecto invernadero" ya es considerado como un recurso natural en pie de igualdad con los demás. De hecho, uno de los escenarios más delirantes de estudio determina que "los permisos de (emisión de) carbono se convertirán en la sangre del sistema financiero mundial: la nueva moneda de reserva del mundo".

El objetivo del esquema propuesto es el establecimiento de una meta de emisiones globales a ser lograda en un cierto plazo y una adhesión de todas las naciones, bajo pena de severos castigos para los no-adherentees. A partir de este número serían establecidas cuotas de emisiones para cada país, basadas en criterios a ser negociados, que varían desde las "responsabilidades históricas" (las emisiones pretéritas de los países industrializados) hasta el PIB per cápita -debiendo, a largo plazo, igualarse para las emisiones per cápita.

Algunos de los argumentos citados son ostensiblemente fascistas:

"Parece inevitable que, en último análisis, un acuerdo climático de largo plazo requerirá de una perspectiva del 'todo o nada' en lo que atañe a la participación internacional. O los países toman parte activa en el sistema (y, así, tienen acceso a los arreglos internacionales sobre finanzas, comercio, desarrollo, energía y otros recursos y, quizá, hasta la seguridad), o quedan fuera del sistema internacional y son efectivamente borrados de cualquier forma de cooperación internacional.

"En otras palabras, los incumplimientos del carbono (carbon defaults) se convertirían en un asunto de peso tan grande como las insolvencias (financieras) soberanas o el no-cumplimiento de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas….No obstante, hasta los mismos participantes voluntarios del marco climático son posibles de enfrentar una régimen coercitivo de inspecciones, inclusive inspecciones no anunciadas, y responsabilidades legales, tanto para sus permisos de emisiones como para cualquier permiso que compren por intermedio de mercados (la así llamada 'responsabilidad de compradores'). En la práctica, el resultado no diferiría mucho del proceso de inspecciones forzosas de la Agencia Internacional de Energía Atómica e países sospechosos de desarrollar programas ilegales de armas nucleares".

Para implementar semejante régimen "ecofascista", el estudio propone dos medidas:

-Proteger y, si es posible, ampliar la independencia y la autoridad del Panel Intergubernamental sobre Cambios Climáticos (IPCC) de las Naciones Unidas, inclusive, "respondiendo en particular a las críticas de científicos del clima y a cualquier desafío a su independencia"; y

-Crear una "vigorosa" entidad de vigilancia global del desempeño en el control de las emisiones, "un Comité Internacional de Control Climático" (ICCC, siglas en inglés), que funcionaría "como un banco central independiente, con poderes para establecer tasas de interés para llegar a una meta o banda de inflación".

Si tal esquema de locura fuera efectivamente implementado, contra todas las evidencias de que el impacto de las emisiones de carbono de origen humano en la dinámica global es irrisorio, los supertecnócratas no electos del IPCC y del ICCC asumirían poderes verdaderamente dictatoriales sobre las políticas de desarrollo de todos los países del planeta, las cuales quedarían igualmente condicionadas a los apetitos de los mercados de "créditos de carbono". Además de una nueva fuente de recursos para la preservación del casino financiero global, un arreglo perfecto del "gobierno mundial" establecido por encima de las soberanías nacionales.