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Intereses poderosos detrás de la privatización del agua en Iberoamérica |MSIA
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En medio de la crisis hidráulica que viven varias regiones del mundo, diversas medidas de privatización de los recursos hidráulicos andan a rienda suelta como si fuera la única solución.  El eje central de tal propuesta lanzada por inversionistas privados, es incluir el agua  en la categoría de una mera mercancía, por tanto, sujeta al vaivén de los juegos especulativos;  así ya se tratan los alimentos.

El año pasado estalló en México un episodio escandaloso que ejemplifica lo anterior.

En mayo de 2014, el sitio de internet israelí Globes, especializado en asuntos económicos, informó que Natan Eshel, ex asesor del actual primer ministro Benjamín Netnyahu, había construido su fortuna personal con un acuerdo entre el gobierno mexicano y la empresa estatal de aguas israelí Mokorot.  Según el periodista mexicano Alfredo Jalife-Rahme, la empresa había sido expulsada de Argentina acusada de promover un “apartheid del agua” contra 4.5 millones de palestinos de los territorios ocupados por Israel (La Jornada, 11/04/2015).

Eshel habría negociado con David Korenfeld Federman, quien presidió la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de México de 2012 a abril de 2014, cuando renunció presionado por haber utilizado un helicóptero oficial para fines personales. Federman habría utilizado su influencia en Conagua para favorecer la firma de contratos con Mekorot en un esquema de privatización de los recursos hidráulicos del país.

De acuerdo a Globes las negociatas abarcaban  un acuerdo firmado entre Eshel y Conagua para que Mekorot asumiese la purificación de fuentes de agua contaminadas de México.  Por fungir de intermediario de las negociaciones, Eshel habría ganado entre el 5 y el 8 por ciento del valor del contrato firmado por el órgano mexicano.

Otra iniciativa de Federman fue la presentación ante la Cámara de Diputados del proyecto de la Ley General de Aguas, en febrero de 2014, la cual fue bautizada adecuadamente de “ley Korenfeld.” La propuesta contemplaba la ampliación a todo el país del modelo de privatización de los recursos hidráulicos que el mismo puso en práctica en el Estado de México cuando ocupó los cargos de secretario de Aguas y Obras Públicas y de presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México (ANEAS), de 2007 a 2012, antes de asumir la presidencia de Conagua, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El modelo que se puso en práctica en el Estado de México privilegia la construcción de infraestructura hidráulica, fundamentalmente, de quien paga el agua, promueve la concesión de grandes obras hidráulicas en el entorno de las principales ciudades y da a la Conagua el poder de otorgar concesiones prorrogables hasta por 60 años a las empresas interesadas (SinEmbargo, 6/04/2015).

Los críticos del proyecto de ley afirman que esta tiende a encarecer el acceso al agua, lo que afecta a los segmentos más pobres de la población y coloca la soberanía hidráulica del país en manos de la iniciativa privada.  A esto hay que agregar que la “ley Korenfeld” promueve además la “criminalización” de las investigaciones científicas, al determinar en uno de sus artículos un castigo financiero a toda persona que realice estudios, vigilancia y tratamiento de los recursos hidráulicos mexicanos sin la autorización previa de Conagua.  Con esto, ningún investigador universitario o ciudadano podría, por ejemplo, obtener información que cuestionase los datos oficiales sin el consentimiento del organismo.

El avance de Wall Street sobre los recursos hidráulicos

El interés de los grandes inversionistas internacionales está lejos de restringirse a México.  Megabancos y grandes grupos de inversión se están dedicando a tales inversiones a una escala sin precedentes, entre ellos Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citigroup, UBS, Deutsche Bank, Credit Suisse, Macquarie Bank, Barklays Bank, Blakstone Group, Allianz y HSBC.  El foco de esos inversionistas ha sido la adquisición de tierras con acuíferos, lagos, derechos sobre explotación comercial de recursos hidráulicos y la participación en compañías de tecnología de ingeniería hidráulica que actúan en el ámbito internacional.

Ya en 2008, para dar la tónica de la ofensiva mundial por la privatización del agua, Goldman Sachs afirmó que el agua sería “el petróleo del siglo XXI,” y aseguró que los inversionistas que se dedicasen a este recurso natural tendrían grandes ganancias. En aquel año, la industria mundial del agua movía 425 mil millones de dólares en todo el planeta.  En una conferencia sobre “Los cinco mayores riesgos,” realizada aquel año, el banco aseguró que una estiaje de grandes proporciones sería una amenaza mucho mayor para la humanidad del siglo XXI que la caída de la producción de alimentos o de la energía.

Goldman Sachs tiene un conocimiento de causa profundo cuando habla de la adquisición de recursos hidráulicos por grupos privados: desde 2006 el megabanco se convirtió en uno de los mayores inversionistas en infraestructura del mundo, en particular en empresas hidráulicas.

Otros grandes fondos de inversión en recursos hidráulicos se han formado en los últimos años, y entre ellos destacan Calvert Global Water Fund (CFWAX); Allianz Infraestructure Advanteged Fund (KWIAX).

Por si fuera poco, hay conocidas figuras internacionales entre los pioneros de las inversiones en títulos y licencias de explotación de recursos hidráulicos.  Un ejemplo es el presidente de Estados Unidos George W. Bush (1989-1993), quien, en 2005, adquirió 80 mil hectáreas de tierras de la región del Chaco paraguayo, situadas sobre el Acuífero Guaraní y cercanas a la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay.  Al año siguiente, su nieta Jenna Bush amplió el área con más de 40 mil hectáreas, con lo que hizo más fuerte la presencia de una de las familias más ricas e influyentes de Estados Unidos en el Paraguay.

Para darse una idea del Acuífero Guaraní, según Wikipedia, es el segundo mayor acuífero del mundo, con un área total de 1 200 000 kilómetros cuadrados.  Posee un volumen aproximado de 37 000 km3 de agua y un ritmo de reposición de 166 km3 por año.  Se estima que es capaz de abastecer a la población brasileña por 2 500 años o a la población mundial por 200, de acuerdo a con el consumo actual.

El alcance de la unión de los intereses privados con los planes geopolíticos del “establishment” estadounidense se puede ver en el reciente anuncio de la empresa californiana Tetra Tech, que obtuvo un contrato por mil millones de dólares (efectivamente, mil millones de dólares) de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para la obtención de datos sobre el consumo mundial de agua, con el fin de elaborar “estrategias para la gestión de recursos hidráulicos,” en un plazo de cinco años.  Conviene prestar mucha atención a esta nueva iniciativa  denominada “estrategia de Agua y Desarrollo” (Water and Developmen Strategy), teniendo en cuenta la conocida trayectoria intervencionista de la USAID.

La “privatización blanca” agrava la crisis hidráulica de Brasil

La experiencia brasileña de privatización de la gestión, control y distribución del agua ha provocado por un lado, el encarecimiento de los servicios y por otro, el que se destine gran parte de los valores recaudados para el pago a los accionistas de las empresas encargadas de tales servicios.  El caso más notorio es el de la Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Transformada en empresa de capital mixto en 1994, con el argumento de la obtención de más recursos para invertir en el abastecimiento de aguas y para tratar las aguas negras, la empresa tuvo 49.7 por ciento de sus acciones en manos de inversionistas brasileños (25.5 por ciento) y extranjeros (24.2 por ciento).  Y, aunque su estatuto limita la entrega de ganancia a los accionistas a un máximo de 25 por ciento de las ganancia netas anuales de la empresa, esta nunca realizó pagos inferiores a 26.1 por ciento desde que ingresó a la bolsa de valores en 2002 (Jornalggn.com.br, 5/5/2014).

A esto se agrega que las estimaciones de los datos divulgados por la empresa en marzo de 2014 revelan que, entre 2003 y 2013, aproximadamente un tercio de la ganancia neta total se transfirió a los accionistas.  Se trata de un monto de 4 300 millones de reales, el doble de lo que empresa invierte en salubridad.  Mientras tanto, los índices de desperdicio de agua rondan el 25 por ciento en la actualidad, contra todas las metas de la empresa de reducción de pérdidas de agua.

Para terminar, Sabesp logró la aprobación de un ajuste de tarifas  de 13.8 por ciento para este año, aunque haya anunciado la reducción de 55 por ciento de las inversiones para tratar aguas negras, con el argumento de las dificultades financieras provocadas por el estiaje que castiga a Sao Paulo (O Estado de S. Paulo, 1/04/2015).  Sin embargo, la empresa tuvo recursos suficientes para pagar un bono de 504 mil reales a cada uno de sus siete directores, como “premio por el desempeño al frente de la compañía.”

Los ejemplos brasileño y mexicano muestran los peligros que encierran la privatización de la gestión, el manejo y la distribución del agua.

 

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