Revueltas indígenas en Perú, sendero hacia los Estados plurinacionales

Hay algo más que descontento en las revueltas en Perú

Las sangrientas revueltas indígenas que ocurren en Perú, no son hechos aislados  derivados del mero descontento popular con ciertas medidas gubernamentales, sino que son parte de un programa oligárquico anglo-americano, que contempla la creación de Estados “plurinacionales” en la región andina, objetivo reforzado por el precedente que abrió la nueva Constitución de Bolivia de Evo Morales, que balcaniza al país.

No hay que ir muy lejos para  escuchar los latidos del corazón del monstruo que se levanta en una parte estratégica de América del Sur en contra de la existencia de los Estados nacionales soberanos inspirados en la cultura occidental. A los levantes en Perú le podrán seguir otros en, Chile y Colombia. 

Entre el 27 y 31 de mayo último, se realizó en Puno, Perú, la IV Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas del Abya Yala, cuyo lema fue: “Por Estados  plurinacionales y Buen Vivir” (Abya Yala era el nombre de la región habitada por el pueblo kuno, actualmente Colombia y Panamá, en la época precolombina). El evento logro reunir 5 mil participantes de Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, México, Canadá, además de representantes de las eternas ONG estadounidenses y europeas abogadas de las causas indigenistas. El Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) de Brasil envió un representante y el presidente de Bolivia Evo Morales un mensaje.

Entre las asociaciones dirigentes estaba la Asociación Interétnica del Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la que está al frente de los violentos enfrentamientos entre la población local y las fuerzas policiales en la localidad de Bagua.  En su página de Internet es explícita  su aspiración: “Si no tenemos territorio, somos un pueblo indígena sin vida, y por tanto estamos sentenciados a ser exterminados (…) Para la sociedad occidental, la tierra es de uno cuando cuenta con un titulo de propiedad. Para los indígenas, el dueño es la ‘madre de la tierra’”. No por algo se relaciona muy bien con los intereses financiero-políticos británicos.

El área de actividad  de la entidad  congrega a 56 pueblos indígenas que se  extienden por toda la región amazónica peruana colindante con Ecuador, Colombia, Bolivia  y Brasil (tiene una oficina regional importante en Madre de Dios, en la frontera con Brasil).  Y alegan que las comunidades están asentadas en un radio de 956,751 Km2.

Por otro lado, la AIDESEP pretende crea una zona –estilo reserva indígena- localizada en el departamento de Ucayali, en los limites con Brasil y comprende una extensión 118,956.25 hectáreas a lo largo del rió Yurúa, conocido en Brasil como Jurúa, que se origina en Perú y desemboca en el Amazonas en territorio brasileño. La parte peruana es de 160 km de longitud aproximadamente frente a los 3,350 Km. ( 963 Km. son navegables). El Yurúa es uno de los 30 mayores ríos del mundo por su longitud.  La AIDESEP admite que el  financiamiento para la creación de esta zona la recibe del WWF, ONG propiedad de la familia real británica.

En la mira ricos recursos estratégicos

El conflicto que hoy aflora con fuerza en la localidad de Bagua, a 700 kilómetros de Lima, hacia Ecuador, tuvo su origen en 2008 cuando el gobierno peruano abrió la discusión de un conjunto de decretos, entre ellos una nueva ley forestal,  con el objetivo de flexibilizar la propiedad en la región amazónica y ampliar las zonas productivas de la región, abriéndola  a la exploración de las riquezas energéticas (petróleo y gas) y minerales. A pesar de que el Congreso peruano no ha aprobado todos los decretos, los grupos indígenas, muchos de ellos  mestizos culturizados, y que en rigor  son parte de la población pobre del país, -como ocurre en otras naciones del continente-, están comandados por dirigentes letrados, que han acudido a la constelación de ONG internacionales para apoyar sus causas y convertirlas en litigios internacionales territoriales.

Desde entonces el modus operandi ha sido el típico de insurrecciones que se levantan contra todo lo que significa progreso económico, muy peculiar a la ideología polpotiana que dío nacimiento al sanguinario grupo narco terrorista Sendero Luminoso, aunque en particular algunos grupos indígenas de la zona  en el pasado se enfrentaron a ellos.  Así las protestas armadas han tomado instalaciones petroleras, puentes y carreteras. En abril último,  paralizaron el tráfico fluvial y tomaron dos estaciones de bombeo de petróleo pertenecientes a la estatal Petróleos del Perú, lo que obligó a la empresa a cerrar el oleoducto norperuano, dejando de enviar hacia la costa crudo destinado a la exportación. Entonces la petrolera argentina Pluspetrol fue obligada a detener sus operaciones. El 30 de mayo, manifestantes ocuparon parte de un gaseoducto en el yacimiento de gas de Camisea, en el Departamento suroriental de Cuzco.

Los levantamientos son en realidad revueltas contra el Estado nacional peruano,  al que se le abre la perspectiva de una insurrección civil en dos frentes, con el renacimiento de Sendero Luminoso. Contrario a lo que la propaganda difunde para levantar apoyo a favor de la pruninacionalidad, los grupos indígenas descontentos que habitan en el Departamento de Amazonas son una minoría dentro de los 28 millones de habitantes que tiene Perú.  Sin que este signifique que deban quedar marginados –como tampoco el resto de los ciudadanos- de los beneficios del desarrollo económico y social, que como se sabe ha quedado estancado por la imposición del neoliberalismo.

No obstante, el argumento esgrimido por los dirigentes de los indígenas y  los grupos internacionales que les dan cuerda, es que el gobierno de Alan García,  a pesar de ser signatario, no respetó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que establece entre otras la protección de las tierras comunales y la consulta previa para cualquier actividad en ellas o su venta, por lo tanto el actual gobierno peruano debería estar sentado en el banquillo de los acusados  de un tribunal internacional que tendría más peso que las instancias nacionales respectivas.

Como el Movimiento de Solidaridad Iberoamericana (MSIa) lo ha documentado en varias de sus publicaciones, fue precisamente este Convenio un punto de inflexión en la ley internacional que abrió el camino para rendir a los Estados nacionales a la denominada soberanía limitada en aras de un indigenismo a ultranza.

Por eso,  la erupción del conflicto con el componente Amazonia-recursos naturales-indígenas, ya se levanta como el fermento para imponer en Perú por la fuerza la plurinacionalidad. En una entrevista con el periódico brasileño Folha de São Paulo, publicada el 9 de junio, el otrora eterno candidato de la izquierda peruana Javier Diez Canseco llega al extremo de pedir una investigación internacional, a lo que agrega “Los grupos que comandan Perú, nunca reconocerán el carácter plurinacional del país. Perú no es un país homogéneo, es diverso. Esa plurinacionalidad implica derechos culturales, jurídicos, políticos y territoriales. Es una idea que se está formalizando hoy en las Constituciones de Ecuador, de Bolivia. Hasta en Colombia el tema de las etnias amazónicas fue reconocido”.

Casi en respuesta a esta orientación, el presidente Alan García  declaró que “Esto (el conflicto) solo interesa a las potencias extranjeras que quieren mantener al país como comprador de petróleo. No quieren que desarrollemos nuestras riquezas”, en una nota publicada en Folha de São Paulo el 6 de junio. Por otro lado, el 9 de mayo al declarar el estado de emergencia por 60 días en la zona de conflicto, el Presidente dirigió un mensaje a la nación en que afirmaba, “las tierras de la Amazonia son de ustedes, de sus hijos, son de toda la nación, son de todos los peruanos y no de un grupo que viva allí”. El problema con el gobierno de Alan García es que su popularidad disminuye en la medida en que se ha comprometido con medidas económicas de corte neoliberal que en nada fortalecen al Estado nacional peruano.

Muy apropiadamente la editorial del citado periódico del 11 de junio llama a la cordura: “Lo que más preocupa en el contexto latinoamericano, es la creciente confusión entre protestas políticas y pura afirmación étnica. Es como si, en sociedades desiguales y divididas, el propio sentido de un termino como el de “nación” quedara desgarrado (…) es casi una versión sudamericana del famoso –y equivocado- “conflicto de civilizaciones, tema del teórico conservador norteamericano Samul Huntington (…) No hay conflicto de civilizaciones, sino conflictos políticos”.

No obstante, la movilización indígena y sobre todo de la  estructura de ONG, tampoco tiene nada que ver con la defensa de una nación, y su activismo si redunda en seguir un guión trazado por grupos oligárquicos internacionales para preservar recursos naturales en exclusividad. Son varias las ONG que actúan en la región amazónica peruana; OXFAM, Survival Internacional, entre otras, que han organizado campañas de presión internacional directamente contra el gobierno actual. Otras son Pan para el Mundo, Médicos del Mundo, y otras que circulan en la órbita de los intereses británicos, como el WWF.

Según una nota publicada en el periódico El Regional  de Piura el 9 de junio, la agencia gubernamental que fiscaliza las ONG en Perú, la Agencia Peruana para la Cooperación Internacional (APCI), informó  que la AIDESEP ha recibido solo de 2006 a 2008 más de cuatro millones de dólares de Alemania, España, Holanda, Noruega, EU y de la UNICEF.

No obstante, sus buenas relaciones son más antiguas. Hace 10 años, el 4 de mayo de 1999 el servicio Alerta e Científico Ambiental publicó una nota que relata la yuxtaposición de intereses externos que confluyen en Perú. En especial sobre al apoyo que recibe del exterior la AIDESEP, principal protagonista de las actuales revueltas y cuyo líder Alberto Pizango, con órdenes de detención por parte del gobierno  pidió asilo a Nicaragua. La nota dice que:

“En Perú, la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA) mantiene convenios con la Confederación de Nacionalidades Amazónicas de Perú (CONAP), para crear mercados para productos indígenas en Canadá, y ha apoyado a grupos que favorecen el terrorismo y se dicen defensores de los derechos humanos que pidieron la legalización del Movimiento revolucionario Túpac Amaru (MRTA), en el momento en que se tomaba la embajada japonesa en Lima”.

“Por otro lado, el peruano Francisco Sagasti, ex directivo del Banco Mundial, un anglófilo de hueso colorado, acaba de ser nombrado miembro de la junta de gobernadores del Centro de Investigación sobre Desarrollo Internacional (IDRC) del gobierno canadiense. Otras dos agencias muy activas en Perú son Cooperación Técnica Canadiense y Cooperación Técnica de Voluntarios Británicos, que mantienen convenios con AIDESEP, ONG que controla organizaciones indígenas en la Amazonia peruana y especialmente en la zona fronteriza con Ecuador, en estrecha colaboración con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)”.

“Para complementar el cuadro, en septiembre del año pasado, la embajada británica en Lima anunció un apoyo financiero al Instituto de Defensa Legal (ILD), ONG peruana que promueva al MRTA. El ILD con el apoyo del Consejo Británico y de la BBC de Londres elaborará programas radiofónicos sobre derechos humanos en quechua, aymará, ashaninka y español. El  agregado político de la embajada británica en Lima declaró que Perú recibe 25% de los fondos destinados por el gobierno británico para América Latina a titulo de la defensa de los derechos humanos”.

De la misma forma el libro Mafia Verde, ambientalismo nuevo colonialismo editado por la editorial Capax Dei y el Movimiento de Solidaridad Iberoamericano (MSIa), también documenta el origen y la evolución del movimiento ambientalista-indigenista, y el negro historial de la red de ONG que como ahora en Perú y también en Brasil, se mueven para coadyuvar a desmantelar los Estados nacionales e imponer el etnonacionalismo.