MSIa: Juez brasileña del TPI trabaja contra Brasil

Juez brasileña del TPI trabaja contra Brasil
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Editoria on 23 March, 2009 02:18:00
 
La limitación de la soberanía de los Estados nacionales ha sido uno de los
principales temas del plan hegemónico del establishment oligárquico
internacional, principalmente el eje anglo-americano y sus apéndices europeos,
en la últimas décadas. Problemas ambientales, derechos humanos, crisis
humanitarias, promoción de la democracia y otros tópicos de gran aceptación
en la opinión pública en general se han empleado y manipulado para promover la
creación de estructuras de "gobernanza global" o de "gobierno mundial," tanto
institucionales como jurídicas, en arreglos que casi siempre acaban por
mostrarse destructivos del bien común y de los intereses legítimos de los
pueblos, y beneficiosos tan sólo para los intereses de los grupos que los
promueven.
Este es el caso, entre otros, del Tribunal Penal Internacional (TPI), creado en
2002 para juzgar crímenes de guerra contra la humanidad, y que se empleado para
consolidar el concepto de soberanía limitada o restricta. El reciente
indiciamiento del presidente sudanés Omar al-Basir, el primero contra un jefe
de Estado en funciones, crea un peligroso precedente para el orden
internacional, como señalamos en la edición anterior.
Uno de los jueces del TPI es la brasileña Sylvia Steiner, ex vice presidenta
del Consejo Penitenciario de Sao Paulo, quien se integró al tribunal
internacional desde 2003 es uno de los responsables de proceso de al-Basir. Lo
doblemente escandaloso es que como hemos documentado ampliamente el arma de la
supuesta defensa del medio ambiente se ha usado por intereses poderosos para
imponerle a Brasil mecanismos de soberanía limitada en nada menos que la rica
región amazónica.
En entrevista con el periódico O Estado de S. Paulo del 14 de marzo, da una
buena muestra del pensamiento de esos círculos supranacionales, para los que la
soberanía nacional es cosa del pasado. Abusando de sofismas (y de la
inteligencia de los lectores), afirma:
"La soberanía absoluta, en los moldes del siglo XIX, fue abolida hace mucho
tiempo. La idea de limitaciones a la soberanía actuales, por ejemplo, de la
protección internacional de los derechos humanos, de la prohibición del uso de
cierto métodos de guerra, de la reglamentación de la protección de los
océanos de la contaminación, de las reglas de protección del medio ambiente y
de la conservación del patrimonio natural o histórico de la humanidad, dan
pruebas de esas limitaciones. El mundo evolucionó así y no veo
incompatibilidad entres esas limitaciones que impone el derecho internacional a
la soberanía y al ejercicio de la soberanía por los Estados.
"La creación del TPI es resultado de la evolución del derecho internacional y
del principio según el cual nadie se puede considerar por encima de la ley. La
comunidad internacional tiene derecho de llevar a juicio a quienes ponen en
peligro la paz y la supervivencia de esa misma comunidad.
Según la juez brasileña, el gran desafío para la justicia internacional "es
la completa internacionalización, es decir, cuantos más Estados ratifiquen el
Estatuto de Roma (que creo el TPI), más amplio será el compromiso
internacional con la lucha para ponerle fin a la impunidad." Por tanto,
concluye, será necesario crear en los Estados "una cultura de cooperación
efectiva con las cortes internacionales."
Para quien observa tan sólo el aspecto de las supuestas buenas intenciones, el
TPI representa francamente un gran progreso de la reglamentación de la
convivencia de los pueblos y las naciones. Sin embargo, la pauta
excepcionalmente selectiva del TPI -seis procesos contra políticos y militares
africanos- sugiere que el órgano es más un instrumento político de
estructuras hegemónicas occidentales que una corte imparcial al servicio de la
humanidad en su conjunto. Se la guerra civil de Sudan y las masacres de Darfur
merecen la condena, no menos dignos de ella son los suplicios inflingidos a la
poblaciones de Afganistán, Irak y Palestina. Si los dictadores y jefecillos de
Estado africanos merecen, lo mismo se debería aplicar a los dirigentes de
países que pregonan la democracia y los derechos humanos, pero que los
practican de manera extremadamente conveniente a sus propios propósitos.
Como hemos recalcado antes, no es coincidencia que el mega especulador George
Soros sea una de los principales patrocinadores financieros del TPI. Así mismo,
las fundaciones e institutos de Soros han actuado directamente para fomentar las
llamadas "revoluciones coloridas" en los países que formaban la antigua URSS,
además de promover activamente la legalización de las drogas en todo el mundo.