Juez brasileña del TPI trabaja contra Brasil

Este es el caso, entre otros, del Tribunal Penal Internacional (TPI), creado en 2002 para juzgar crímenes de guerra contra la humanidad, y que se empleado para consolidar el concepto de soberanía limitada o restricta. El reciente indiciamiento del presidente sudanés Omar al-Basir, el primero contra un jefe de Estado en funciones, crea un peligroso precedente para el orden internacional, como señalamos en la edición anterior.

Uno de los jueces del TPI es la brasileña Sylvia Steiner, ex vice presidenta del Consejo Penitenciario de Sao Paulo, quien se integró al tribunal internacional desde 2003 es uno de los responsables de proceso de al-Basir. Lo doblemente escandaloso es que como hemos documentado ampliamente el arma de la supuesta defensa del medio ambiente se ha usado por intereses poderosos para imponerle a Brasil mecanismos de soberanía limitada en nada menos que la rica región amazónica.

En entrevista con el periódico O Estado de S. Paulo del 14 de marzo, da una buena muestra del pensamiento de esos círculos supranacionales, para los que la soberanía nacional es cosa del pasado. Abusando de sofismas (y de la inteligencia de los lectores), afirma:

"La soberanía absoluta, en los moldes del siglo XIX, fue abolida hace mucho tiempo. La idea de limitaciones a la soberanía actuales, por ejemplo, de la protección internacional de los derechos humanos, de la prohibición del uso de cierto métodos de guerra, de la reglamentación de la protección de los océanos de la contaminación, de las reglas de protección del medio ambiente y de la conservación del patrimonio natural o histórico de la humanidad, dan pruebas de esas limitaciones. El mundo evolucionó así y no veo incompatibilidad entres esas limitaciones que impone el derecho internacional a la soberanía y al ejercicio de la soberanía por los Estados.

"La creación del TPI es resultado de la evolución del derecho internacional y del principio según el cual nadie se puede considerar por encima de la ley. La comunidad internacional tiene derecho de llevar a juicio a quienes ponen en peligro la paz y la supervivencia de esa misma comunidad.

Según la juez brasileña, el gran desafío para la justicia internacional "es la completa internacionalización, es decir, cuantos más Estados ratifiquen el Estatuto de Roma (que creo el TPI), más amplio será el compromiso internacional con la lucha para ponerle fin a la impunidad." Por tanto, concluye, será necesario crear en los Estados "una cultura de cooperación efectiva con las cortes internacionales."

Para quien observa tan sólo el aspecto de las supuestas buenas intenciones, el TPI representa francamente un gran progreso de la reglamentación de la convivencia de los pueblos y las naciones. Sin embargo, la pauta excepcionalmente selectiva del TPI -seis procesos contra políticos y militares africanos- sugiere que el órgano es más un instrumento político de estructuras hegemónicas occidentales que una corte imparcial al servicio de la humanidad en su conjunto. Se la guerra civil de Sudan y las masacres de Darfur merecen la condena, no menos dignos de ella son los suplicios inflingidos a la poblaciones de Afganistán, Irak y Palestina. Si los dictadores y jefecillos de Estado africanos merecen, lo mismo se debería aplicar a los dirigentes de países que pregonan la democracia y los derechos humanos, pero que los practican de manera extremadamente conveniente a sus propios propósitos.

Como hemos recalcado antes, no es coincidencia que el mega especulador George Soros sea una de los principales patrocinadores financieros del TPI. Así mismo, las fundaciones e institutos de Soros han actuado directamente para fomentar las llamadas "revoluciones coloridas" en los países que formaban la antigua URSS, además de promover activamente la legalización de las drogas en todo el mundo.